DIEZ RAZONES PARA MOVILIZARNOS CONTRA LOS RECORTES EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA
El nuevo curso se presenta especialmente conflictivo como consecuencia de los recortes en el servicio público de la educación que están aplicando algunas comunidades autónomas. Se trata de una decisión política que sin duda tendrá unas repercusiones muy negativas en el funcionamiento del sistema educativo y en la prestación de programas específicos destinados a la mejora de la calidad educativa y de los índices de equidad. Las medidas probadas se producen a casi dos meses de unas elecciones generales que vaticinan un cambio de ciclo político y el retorno al Gobierno central del Partido Popular, de cuya prácticas políticas en el ámbito de la educación estamos viendo algunos ejemplos bastante significativos.
La educación es una inversión, no un gasto. Las actitudes cicateras y los recortes en el servicio público educativo tanto en tiempos de crisis como de bonanza son el mayor error en el que puede incurrir una Administración. Pero en la actual situación de crisis, que según todos los indicios, se prolongará bastante más tiempo del previsto inicialmente, parece evidente que los recortes previstos hipotecarán el futuro de generaciones de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación y retrasarán la salida de la propia crisis.
Por ello, hemos acordado emprender un serie de movilizaciones en las comunidades autónomas en las que la enseñanza pública está sufriendo más agresiones por parte de sus gobiernos. Estas son las diez razones que justifican nuestras protestas.
1- La primera de nuestras razones para convocar movilizaciones en la enseñanza pública es el brutal recorte de 2.000 millones de euros en las comunidades de Madrid, Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña. Estos recortes presupuestarios supondrán la desaparición de 10.000 puestos de profesores interinos. No es reduciendo la inversión en un capítulo tan importante del Estado del Bienestar, como la enseñanza, como podremos avanzar en la calidad de nuestro sistema educativo y en la lucha contra el fracaso y el abandono escolar y progresar en los indicadores de equidad educativa.
Esta reducción drástica se produce después de varios años de bloqueo inversor en la enseñanza pública. Basta recordar que en el último decenio, el gasto público en educación no ha experimentado en España subida alguna, lo que nos ha alejado de la media de los países de la Unión Europea. No tiene que extrañarnos que en este periodo la tasa de fracaso escolar en nuestro país se haya incrementado un 7%?
2- Junto al recorte presupuestario, se prevé el aumento de horas lectivas para el profesorado y la supresión de miles de puestos de docentes interinos. Es evidente que el incremento del horario lectivo del profesorado se reflejará en la merma e incluso la desaparición de programas educativos destinados a la atención individualizada del alumnado, especialmente al que presenta dificultades de aprendizaje.
También se verán perjudicadas las actividades relacionadas con la preparación de las clases y las tareas organizativas.
Claro que para la presidenta de la Comunidad de Madrid y su consejera de Educación estas tareas son inexistentes, puesto que el único tiempo laboral que ambas reconocen a los docentes es el que dedicamos a impartir clases. Hasta ahora sabíamos que la ignorancia es osada, pero no que, además, fuese, malintencionada. Es una muestra flagrante de hipocresía y demagogia promover una ley de autoridad del profesorado mientras los responsables de la Administración se dedican a descalificar la profesionalidad de ese mismo profesorado.
3- A pesar de los importantes problemas educativos de nuestro país, España se encuentra por debajo de la media europea en porcentaje del PIB dedicado a educación. En este sentido, la propia comisaria de Educación de la Unión Europea, Androulla Vassiliou, ha censurado explícitamente los recortes del gasto educativo llevados a cabo en España en el presente año.
Con buena parte de los Objetivos educativos europeos 2010 pendientes de conseguir, nos vemos abocados a encarar los objetivos educativos de la Estrategia Europa 2020 bajo el signo de los mencionados recortes en la inversión educativa. En CCOO exigimos que se dedique ya un mínimo del 7% de nuestro PIB a la inversión educativa. Sólo así se podrá asegurar la dotación de recursos materiales y humanos suficientes en los centros educativos.
También pedimos una Ley de Financiación del Sistema Educativo que, avalada por las comunidades autónomas, garantice en un plazo temporal limitado la suficiencia de recursos del sistema, garantice la aplicación de las medidas de mejora contempladas tanto en la LOE como en sus últimas modificaciones legales de la misma, dé un impulso sustancial a la Formación Profesional, contemple los costes para la consecución de los objetivos educativos 2020 de la Unión Europea y permita concertar medidas para aproximar las medias autonómicas más bajas de inversión educativa a la media estatal, compensando las actuales desigualdades territoriales.
4- Si en 2010 los recortes presupuestarios en educación afectaron principalmente a Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, los de 2011 han dañado los sistemas educativos de todas. En algunas autonomías los recortes han superado el 4,5% y el 4,7%. Es el caso de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y el propio Ministerio. Esto explica la situación por la que están pasando comunidades como Galicia, Madrid -con decisiones políticas que van más allá de los efectos de sus presupuestos- o Navarra y anuncia otras posibles sorpresas, como Extremadura.
5- La “ratio” global alumnado/profesor ha empeorado en todas las comunidades autónomas. Frente a una mejora significativa en Navarra y muy ligeras en Andalucía, Cantabria y Murcia, nada ha cambiado en Castilla y León y en el País Vasco. El empeoramiento general es muy grave en Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Ceuta y Melilla. El aumento de la relación alumno/profesor se traduce en una sobrecarga de trabajo para el profesorado en un momento en el que sufre una pérdida de derechos laborales y salariales.
6- En la mayoría de las comunidades las partidas destinadas al ciclo de 0 a 3 años de Educación Infantil están paralizadas y en el ciclo de 3-6 años existen dificultades con las clases de apoyo. Otro tanto ocurre en la Educación Secundaria Obligatoria en atención a la diversidad, un servicio esencial para combatir el abandono y fracaso escolar que, como es sabido, en algunas comunidades autónomas alcanza el 30%.
7- Frente al argumento esgrimido por algunos responsables autonómicos, como la consejera de Educación de Madrid, que pretende justificar la congelación de personal educativo, alegando el estancamiento de la matrícula de alumnos, el dato real es que el porcentaje de alumnado de la enseñanza pública ha crecido en los dos últimos cursos un 5,24, mientras que el profesorado para atenderlo sólo se ha incrementado en un 2,16%. Se trata de un dato inédito en nuestra democracia. Este descenso en la plantilla docente no tiene en cuenta la creciente complejidad de alumnado con la que ha de vérselas el profesorado en su trabajo diario en las aulas.
En todas las comunidades, a excepción de Murcia y Navarra que han tenido conflictos posteriores, el aumento del porcentaje de alumnos es superior al de la plantilla necesaria para atenderlo. Por primera vez en algunas autonomías se experimenta un descenso real de plantillas. En este sentido, destacan Canarias, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y especialmente Madrid, donde hay 35.527 alumnos más y 226 profesores menos.
8- En estos tres años de crisis se ha producido un fenómeno positivo y previsible, pero al que las administraciones educativas no han sabido hacer frente. Me refiero al retorno al sistema educativo de muchos jóvenes que lo abandonaron en los años de bonanza económica, atraídos por trabajos poco cualificados. Prueba de ello es que en estos dos años la matricula en las enseñanzas postobligatorias ha crecido un 13,2% (casi el18% en F.P.), con un incremento de 117.681 alumnos, que son atendidos por 1.949 profesores menos. Este datos negativo confirma que las administraciones educativas ignoran esta realidad simplemente no haciendo nada o, lo que es aún peor, reduciendo o congelando las plantillas docentes. El retorno de jóvenes al sistema educativo demuestra claramente que es en épocas de crisis económica y de empleo cuando los gobiernos deben invertir más en educación y formación, y más en un país en el que más del 40% de los jóvenes están en paro.
9- En ese contexto de reducción salarial, de pérdida de derechos laborales, de endurecimiento de las condiciones de jubilación y de imposibilidad de cumplir la LOE en lo que se refiere a atención a la atención individualizada de alumnos, los nuevos recortes de plantilla e incrementos de jornada lectiva son la gota que colma el vaso de la paciencia del colectivo docente. Estamos ante un nuevo golpe laboral y un atentado definitivo a la calidad de la enseñanza.
10- Por último, la reciente reforma constitucional aprobada para garantizar el equilibrio presupuestario puede ser la puntilla. Un reparto homogéneo de las reducciones presupuestarias y la desaparición del déficit estructural podría conllevar una disminución equivalente al 0,35% del PIB en educación. Esto nos haría retroceder a la situación previa a la aplicación de la LOE.
