El Martes 20, MOVILIZACIÓN (II)

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS SINDICATOS

Ante la gravedad de la crisis económica, evidentemente no provocada por los trabajadores y trabajadoras, tanto el Gobierno Central como los de la mayoría de las CCAA han procedido a una drástica reducción del déficit público basada en recortar los recursos de los servicios públicos de educación y sanidad asi como de los demás sistemas de protección social.
En nombre de la crisis, se está produciendo un brutal ataque al sistema público educativo; en este año 2011 se prevé, para el conjunto del Estado, una reducción de alrededor de 2.000 millones de euros en los presupuestos educativos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Estos recortes tendrán consecuencias muy graves en la educación y la formación de muchos miles de niños, niñas y jóvenes de nuestro país y harán prácticamente imposible el logro de los nuevos objetivos educativos europeos para el 2020.
Con estos datos, es difícil pensar que las administraciones públicas dan a la educación la importancia que se merece. Se ha instalado una miopía práctica que considera el dinero dedicado a educación no como lo que es, una inversión justa, necesaria y verdaderamente rentable, sino como un gasto en buena medida prescindible. Solo desde esta consideración errónea se explica que nuestro país, con importantes problemas educativos, siga por debajo de la media europea en porcentaje del PIB dedicado a educación. Así, la propia comisaria de Educación de la Unión Europea, Androulla Vassiliou, ha censurado explícitamente los recortes del gasto educativo llevados a cabo en España en el presente año.
Hay otras maneras más justas y equitativas de hacer frente a la crisis. Son posibles otras políticas que no supongan el abandono de los principios de progreso que han cimentado los logros sociales alcanzados en nuestro país.
Y es precisamente esta etapa de crisis la que nos brinda la oportunidad de cambiar nuestro modelo productivo, aplicando criterios y políticas diferentes que no consideren la educación como un gasto recortable, sino como una inversión prioritaria que está en proporción directa con el progreso de las sociedades.
En este sentido, la escuela pública, a lo largo del devenir histórico europeo y en la actual etapa democrática española, ha sido la primordial encargada de asegurar este derecho fundamental y el principal agente para sentar las bases de un progreso social cohesionado.
Resulta pues obligado dignificar la escuela pública y defenderla de ciertas amenazas que en nuestro país pueden acabar relegándola a un papel secundario que no garantice la igualdad de oportunidades y una educación de calidad para todos y todas.
Para que la escuela pública pueda seguir cumpliendo con garantía sus funciones es preciso que las Administraciones educativas:
1. Rectifiquen las actuales políticas de recortes de la inversión educativa y, según establecen nuestras leyes, preserven la Educación como un servicio público imprescindible para asegurar una salida adecuada de la crisis y para sentar las bases de una sociedad más justa y equitativa y de una economía sostenible.
2. Establezcan medidas eficaces para superar los elevados porcentajes de abandono y fracaso escolar, garantizando las plantillas necesarias para la atención a la diversidad del actual alumnado, tomando como criterio base las necesidades reales de los centros y no el recorte de la inversión pública educativa.
3. Reconozcan en la práctica que el profesorado es el principal activo de cualquier sistema educativo, teniendo en cuenta que recortar el número de profesores es atentar directamente contra la calidad de la educación. Exigimos respeto a la figura del profesor y que las Administraciones propongan medidas de dignificación de la profesión docente y no echarles a la sociedad encima con manifestaciones desafortunadas.
4. Garanticen el derecho a un empleo digno a todo el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, manteniendo el empleo y dando una solución justa e inmediata a las condiciones de temporalidad y subempleo que sufre buena parte del profesorado interino de los centros públicos.
5. Entiendan que es necesario mantener el número de profesores y profesoras que hay actualmente, mediante adecuadas ofertas públicas de empleo y seguir con la renovación de las plantillas docentes a través de la prórroga de las jubilaciones LOE.
Solo con estas medidas podrán preservarse la calidad y equidad de la educación en nuestro país, como un derecho fundamental que constituye, además, la base para ejercer el resto de los derechos y que es el elemento básico del bienestar y del desarrollo social e individual. Debemos tener en cuenta que las consecuencias derivadas de los recortes de hoy son la base de la deficiente calidad en la educación de mañana
La educación debe de ser la apuesta prioritaria para superar la crisis. Todo ello nos lleva a plantear la necesidad de una amplia movilización de la comunidad educativa y de toda la sociedad para defender las conquistas educativas adquiridas en nuestra democracia.
En Madrid, a 8 de septiembre de 2011

ANPE CSI.F FE CCOO FETE-UGT STESi CGT